La Asociación Gremial Agrícola Central, que agrupa a productores vitivinícolas de la Región del Maule, manifestó su preocupación frente a la creación de la categoría de «vino bajo alcohol» (desde 8,5°), advirtiendo que la flexibilización normativa no debe avanzar sin antes garantizar una fiscalización efectiva por parte del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). El gremio sostiene que el foco del debate no radica en rechazar la innovación ni las tendencias globales, sino en evitar que se amplíe el marco regulatorio mientras persisten brechas históricas en el control de prácticas ya prohibidas por ley.
Entre las irregularidades que más inquietan a los productores destacan la adición no autorizada de agua y el uso de uva de mesa en mezclas comercializadas irregularmente bajo Denominación de Origen, distorsiones que terminan deprimiendo el precio de la uva vinífera genuina. El presidente de la entidad, Luis Urrutia, y el director Fernando Medina enfatizaron que, en una industria donde la superficie plantada ha retrocedido cerca de un 14% desde 2020 y donde el Maule concentra cerca de la mitad del volumen nacional, cualquier cambio normativo debe resguardar la rentabilidad del viñatero y asegurar una trazabilidad rigurosa para evitar fraudes que dañen la reputación internacional del vino chileno.
Ante este escenario, el gremio formuló un llamado al Ministerio de Agricultura, al SAG y a los parlamentarios de zonas vitivinícolas a revisar el alcance de la modificación al Decreto N° 78 —actualmente en trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República—. La organización recalca que la sostenibilidad del sector no se resolverá únicamente reduciendo la graduación alcohólica, sino asegurando condiciones de competencia leal, agregación de valor y mecanismos de control en terreno que impidan que el costo de los cambios recaiga nuevamente sobre los productores de base.
